Legitimidad y coacción

Legitimidad y coacción

            La característica esencial del Estado es la posesión del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Dejando a un lado el caso de legítima defensa, nadie que no sea el Estado puede ejercer la coacción, ni siquiera para la tutela de sus propios derechos. Por eso la realización arbitraria del propio derecho es un delito, que en el caso español está contemplado en el artículo 455 del Código Penal, que castiga al que “para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas”. Pero los derechos no quedan desprotegidos porque el propio Estado de Derecho, y en particular el Poder Judicial, apoyará al que quiere hacer efectivo su derecho, utilizando, si es necesario, la coacción. Coacción que puede ser psicológica (la mera amenaza del ejercicio de fuerza) o propiamente física, lo que dependerá del grado de resistencia de las personas que puede ser objeto de esa coacción legítima. Ningún Estado puede mantenerse –ni se ha mantenido nunca en la historia- sin la posibilidad de ejercer la fuerza, e incluso sin su ejercicio efectivo, prácticamente cotidiano. Cada día se producen detenciones, desahucios, o las fuerzas de seguridad impiden físicamente el acceso de determinados lugares. Tan importante es la coacción como medio para que el Estado pueda imponer el derecho, que una de las acepciones de “coacción” en el Diccionario de la Lengua Española es la de “Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción”.

Pero también es verdad que ningún Estado podría sostenerse solo con la fuerza física. El cumplimiento espontáneo de la ley debería ser la regla general, ya sea porque hay una convicción más o menos generalizada de su justicia, ya porque el principio del respeto a la ley, sea cual sea su contenido, se ha asentado en la ciudadanía, o simplemente porque se teme la sanción en caso de incumplimiento. En la práctica, estas tres motivaciones estarán más o menos presentes en cada caso, pero su combinación debería ser habitualmente suficiente para que se produzca la obediencia al derecho. Carlos Santiago Nino destacó la importancia que tiene el respeto y el cumplimiento espontáneo de la ley en el desarrollo de las sociedades. Y mucho antes, Weber ya había hablado de la dominación legítima como la probabilidad que tiene un poder de ser obedecido. Cabe distinguir la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, y aquí siempre se pone como ejemplo de legitimidad perdida la del partido nacional socialista, que accedió al poder en Alemania en 1993 tras vencer en las elecciones. También puede darse el caso de que un poder legítimo apruebe una norma que no lo sea, a la cual no se debe obediencia. Y es que, dejando al lado incluso la subjetiva cuestión de la justicia, solo las normas válidas obligan. Así que si dos poderes, en principio legítimos, dan a la misma población mandatos contradictorios, antes de utilizar los posibles criterios para resolver las antinomias, hay que ver si una de ellas es nula, por ejemplo por contradecir a otra superior. De lo cual no habrá duda si ha sido declarado por quien tiene legítimamente la competencia para hacerlo. Durante años he explicado esto intentando que resulte ameno, próximo, y que los alumnos sientan que les puede afectar. Ahora, me temo que por desgracia, esto último es innecesario. Pero en las sociedades maduras y civilizadas, no hace falta que los ciudadanos sean expertos en derecho para entender que deben obedecer las normas válidas emanadas por el poder legítimo, y no las nulas.

(Fuente de la imagen: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-15/una-medalla-al-ano-el-guardia-civil-mas-condecorado-es-un-oficinista_1415565/)

Churchill

Churchill

            Se esté más o menos de acuerdo con él, hoy es generalmente reconocido que Winston Churchill es uno de los grandes políticos del siglo XX. Además era un pensador notable, autor de algunas ideas o frases que han pasado a la posteridad. Tanto ha trascendido la imagen de su ingenio y de su ironía, que a veces se le atribuyen frases que no es seguro que sean suyas, pero que de algún modo en el imaginario colectivo “le pegan”. Entre sus citas reales y las atribuidas, encontramos algunas de las mejores definiciones de democracia: “la democracia es el peor sistema de gobierno, si exceptuamos todos los demás” (que parece segura), o “la democracia es aquel sistema en el que cuando el timbre de la puerta suena en las tempranas horas de la madrugada, lo más probable es que sea el lechero” (atribuida). Aunque también en este ámbito se le atribuye alguna cita mucho más cargada de cinismo: “el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio”. Sea como fuere, lo cierto es que su figura posee una incuestionable trascendencia histórica, mucho más allá de su importancia como primer ministro británico, no solo por su pensamiento, sino por su determinación para entrar en la segunda guerra mundial y vencer al nazismo. Precisamente una de las frases que se le atribuyen en este ámbito es la que venía a decir que el gobierno por la paz renunció a la honra, y no tuvo ni honra ni paz.

            Con este contexto, la película que en estas fechas se exhibe en nuestros cines, dirigida por Jonathan Teplitzky y en la que Brian Cox encarna con maestría a este personaje, resulta cuando menos sorprendente, porque no responde ni mucho menos a la imagen (más o menos estereotipada) que se tiene de Churchill. No es una biografía del personaje, sino que se centra en los días previos al desembarco de Normandía. Y nos muestra de principio a un Churchill nervioso, dubitativo, cabezón, inquieto, bastante arisco de carácter… Tal vez por eso las críticas se han dividido a la hora de valorar este estreno: algunas inciden en que puede resultar tediosa, o en que da una imagen de un personaje “petulante, patético, achacoso e iluso”, mientras que otras consideran que es una película muy digna, o destacan su interés y su carácter intimista. Yo estoy más de acuerdo con esta última línea de valoración, pero creo que hay que asumir que no se trata propiamente de una película histórica. Ni siquiera estoy seguro de que los hechos que narra puedan ser ciertos en su detalle, al menos en lo que atañe al papel tan insignificante e incluso subordinado que parece tener en ese momento clave. En realidad, creo que cabe interpretar la película en clave subjetiva, retratando a Winston Churchill tal y como él se sentía en esos momentos cardinales para la historia contemporánea: titubeante, maniatado, imposibilitado para aportar más. Y describe de una manera creíble cómo toda esta experiencia le fue transformando, de un hombre más centrado en la acción, a una persona que supo entender que lo más importante que podía aportar era su capacidad de liderazgo y su fuerza para transmitir ánimo y energía a la población. Ahí probablemente se genera ese gran político con visión, ese líder responsable que hoy conocemos, en un proceso en el que hay que destacar el importante soporte que supuso su paciente esposa. El mérito de la película estaría entonces en que logra desmitificar la figura de Churchill, pero sin minusvalorarla. Simplemente nos muestra buena parte de sus debilidades humanas, entre las que finalmente supo encontrar su gran fortaleza.  

(Fuente de la imagen: https://www.filmaffinity.com/es/film333834.html)

No es democracia

No es democracia

            Admito que puede resultar tentadora para algunos, dentro y fuera de España, la idea de que lo que pretende celebrar el Gobierno de Cataluña el día 1 de octubre es un ejercicio de democracia. Es fácil creer que cualquier votación es siempre una muestra de democracia. Y está ese sentimiento romántico de que las naciones tienen que decidir libremente su destino. Si además la independencia se pretende frente a quien fuera una potencia colonial (incluso aunque de aquel pasado solo quede el recuerdo remoto), se comprende que pueda generar simpatías en algunos. Simpatías a las que también habrán contribuido años de eficaz propaganda independentista, apenas contrarrestada por las instituciones españolas. Además, las instituciones catalanas y los independentistas ya han abandonado por completo cualquier esfuerzo de justificación jurídica de sus pretensiones (cuya inconstitucionalidad e ilegalidad no niegan, más allá de una genérica e inconsistente referencia al principio de libre determinación de los pueblos, que como es sobradamente conocido es inaplicable al caso, pensado como está para casos de colonización u ocupación militar), centrándose en la sola justificación de su legitimidad, precisamente como ejercicio de democracia. Por todo ello, resulta ahora necesario desmontar esta idea, que a mi juicio no resiste ni el menor análisis mínimamente riguroso, poniendo sobre la mesa los argumentos (políticos) que justifican que este pretendido referéndum no resulta la forma idónea para ejercer democráticamente ningún supuesto derecho colectivo.

Entre estos argumentos, están los que podríamos vincular a una cierta exigencia de calidad democrática, que implican que la adopción de decisiones venga acompañada de un debate abierto, incluyendo la consideración de otras alternativas al “sí” o el “no” (es probable que una amplia mayoría de catalanes prefieran una solución diferente, e intermedia entre el mantenimiento del statu quo y la independencia); y también los que se refieren a cuestiones básicas de teoría política, como que este tipo de decisiones solo puede adoptarlas el sujeto soberano, que es todo el pueblo español (y no solo porque así lo dice la Constitución). Ningún Estado occidental permitiría, ni ha permitido nunca, una ruptura unilateral e ilegal de su soberanía. Más allá de estos argumentos, hay algunos más que se derivan de la pésima gestión del proceso en las últimas semanas. Como la absoluta falta de garantías para que el 1-O fuera un proceso libre y abierto de toma de decisiones; la completa falta de neutralidad del Gobierno convocante en todo el proceso; el clima de coacción que se ha creado para favorecer la independencia; y especialmente, la falta de las más elementales garantías democráticas en la aprobación de esa “nueva legalidad” que habría de servir de sustento a la transición y al nuevo Estado. Nadie puede considerar democrático un Parlamento que aprueba leyes en un día, cercenando las más elementales garantías jurídicas y procedimentales, y los derechos políticos de toda la oposición, y obviando todos los pareceres de los órganos y funcionarios que tienen encomendada la garantía de la aplicación de normas procedimentales. Quizá la democracia no sea, como quería Kelsen,  solo procedimiento, pero desde luego el respeto al procedimiento es parte esencial de ella. La democracia no es solo la decisión por mayorías, sino el respeto a las minorías. Teniendo en cuenta esto, lo que pretenden llevar a cabo el 1-O no es un ejercicio de democracia, sino que más bien constituye un atentado contra las reglas de nuestra democracia. Ni siquiera es un ideal ejercicio “en bruto” de democracia roussoniana: es un puro puñetazo en la mesa, un golpe frontal a nuestro Estado de Derecho. 

(Fuente de la imagen: http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-puigdemont-critica-gobierno-y-define-referendum-ilegal-1-octubre-entre-dignidad-o-imposicion-201706101339_noticia.html)