La
ruptura
Aunque a estas alturas ya no
sorprende casi nada, lo llamativo de la propuesta de resolución presentada hace
poco por la CUP y “Junts pel sí” ante la Mesa del Parlamento de Cataluña, y que
presumiblemente este aprobará por mayoría absoluta, no es el “qué” sino el
“cómo”. Una declaración de este tipo estuvo en todo momento en la “hoja de
ruta” independentista. La única novedad es que, si esta resolución es aprobada,
estaremos probablemente en el primer caso en el que una institución legítima de
Cataluña rompe expresa y abiertamente con la Constitución y el ordenamiento
jurídico que la legitima. Quiero decir que, hasta ahora, todos los pasos dados,
incluyendo las anteriores declaraciones “soberanistas” o la convocatoria de la
consulta que terminó siendo “proceso participativo”, han intentado al menos
justificar su cabida en el ordenamiento jurídico vigente (aunque luego el
Tribunal Constitucional haya tenido que señalar, en algunos casos, la
ilegitimidad constitucional). Sin embargo, ahora esta declaración explicita
claramente la ruptura (eufemísticamente llamada “desconexión democrática”),
manifestando la voluntad de ignorar todas las decisiones que provengan de
instituciones del Estado español, y declarando la ilegitimidad del Tribunal
Constitucional, para poder así iniciar un proceso constituyente que debe dar
lugar a un Estado catalán “en forma de república”. Por ello estamos ante un
salto cualitativo de gravedad extrema. Defender la independencia es legítimo,
pero dentro del marco jurídico vigente, que es, por cierto, el que legitima
todas las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Un proceso
constituyente podría ser un punto de llegada admisible, si a él de camina
dentro de los procedimientos previstos en derecho, pero nunca puede ser un
punto de partida basado en no sé sabe qué presupuestos, pero que en todo caso
son ilegítimos.
Hace poco mi estimado colega Xabier
Arbós me decía que, en este proceso, para algunos el derecho no vale ya nada,
pero otros han actuado como si el derecho fuera lo único. Suscribo cada punto
de esa afirmación, y sin duda hay hace tiempo un problema político, que quizás
no se haya intentado solucionar con propuestas políticas. Creo que la próxima
legislatura ha de ser (y no solo por el tema de Cataluña) la de una reforma
constitucional que de todos modos ha de encontrar un apoyo muy mayoritario.
Pero hay ahora hay algo mucho más urgente y grave. No es tiempo de nostalgias
de lo que pudo ser y no ha sido…todavía. Antes que nada, es el momento de hacer
frente, con los instrumentos constitucionales y legales, a esta ruptura en toda
regla con lo que da legitimidad a nuestro sistema político. El reto es tan grave
que todos los que creemos en el Estado democrático de derecho deberíamos
aparcar en este momento cualquier otra diferencia, porque esto que nos une es
mucho más importante, y está en jaque. Por ello el Gobierno y las demás
instituciones del Estado deberían encontrar el apoyo de todos los que creen que
la Constitución solo debe reformarse por las vías establecidas, y que la
democracia no solo debe respetar las reglas de procedimiento, sino que es ante
todo un conjunto de reglas de procedimiento para expresar la voluntad popular.
Todo ello interpretando los instrumentos constitucionales y legales de acuerdo
con su espíritu y finalidad, que en esta situación debe ser ante todo preservar
el interés general de España.
(fuente de la imagen: http://www.lavozlibre.com/noticias/blog_opiniones/14/1127455/el-separatismo-catalan-se-impone-a-la-razon/1)