miércoles, 22 de marzo de 2017

El guion

El guion




            La Ortografía de la lengua española, de 2010, se refiere a “la naturaleza en cierto modo dual del guion, que une a la vez que separa”. Ello posibilita que, junto a la forma univerbal como “escritura prototípica de palabras compuestas” (agridulce, sordomudo…), y junto a la existencia  de “unidades léxicas pluriverbales constituidas por varias palabras gráficamente independientes” (año luz, ciencia ficción…), exista la posibilidad de usar el guion para formar algunos compuestos, “en los que se unen dos palabras entre las que se establece un estrecho vínculo semántico, a la vez que conservan cierta independencia referencial”. Probablemente por esta razón, oficialmente debe escribirse “Castilla-La Mancha”, pero en cambio “Castilla y León”. Todo tiene su porqué, aunque con a veces podemos leer errores como “Castilla-León” o “Castilla La Mancha”. De hecho, me consta que en una de aquellas series de monedas de 25 pesetas dedicadas a las Comunidades Autónomas, por error se acuñaron algunos ejemplares con la leyenda “Castilla-León”, que fueron retirados antes de entrar en circulación, aunque hoy son muy valorados por los numismáticos. También encontramos casos en los que la Constitución no concuerda con el Diccionario, o el Diccionario no concuerda con la Constitución. ¿A quién hacer caso? Un buen ejemplo es el relativo a la legislación de urgencia que puede aprobar el Gobierno, denominada por la Constitución “Decreto-ley”, y por la Academia “decreto ley”. Las Directrices de técnica normativa de 2005, acaso mediando entre ambas opciones, se refieren a “real decreto-ley”, en minúscula como sugiere la Academia, pero con el guion que utiliza la Constitución; aunque por otro lado imponen en general el seguimiento de las normas gramaticales y ortográficas de la Real Academia Española.


            Volviendo a nuestra Comunidad Autónoma, aunque no cabe duda alguna sobre la forma correcta de escribir el nombre, volvemos a encontrar oscilaciones entre los dictados académicos y los usos normativos cuando acudimos al gentilicio, denominado “castellanomanchego” por el Diccionario, pero “castellano-manchego” en la versión vigente del Estatuto. Ya el proyecto de nuevo Estatuto aprobado hace una década se decantó por la forma compuesta univerbal y sin guion; y ya escribí en su día que me parecía una buena manera de expresar una mayor unión entre las dos partes sustantivas del compuesto. Así que creo que la reforma estatutaria que ahora se estudia volvería a ser una buena ocasión para utilizar esa forma univerbal de nuestro gentilicio. En realidad, la relación entre “Castilla” y “La Mancha” es la que existe entre el todo y una parte, pero “el todo” es más extenso y amplio que nuestra Comunidad, y “la parte” abarca solo una porción de ella. Así, aunque en principio no tendría mucho sentido una palabra compuesto del todo y la parte, en este caso no era posible quedarse solo con el nombre del todo (“Castilla”) para dar nombre preciso y exclusivo a nuestra Comunidad. Ha habido también alguna propuesta de cambiar ese nombre suprimiendo el guion, pero la argumentación que se daba (que el guion separa) no parece coherente. Solo creando una única palabra compuesta (“Castillalamancha”) podría expresarse mayor unión, pero como eso no tiene sentido alguno, en este caso suprimir el guion (“Castilla La Mancha”) implicaría una mayor separación entre los términos, y la conjunción copulativa (“Castilla y La Mancha”) no expresaría correctamente nuestra realidad. Así que está bien “Castilla-La Mancha”, pero el próximo Estatuto debería decir mejor “castellanomanchegos”.



(Fuente de las imágenes: http://www.texnia.com/raya_guion_menos.html y http://www.castillalamancha.es)

domingo, 12 de marzo de 2017

¿Son necesarias las diputaciones?

¿Son necesarias las diputaciones?



La existencia de las diputaciones provinciales también ha sido cuestionada con alguna frecuencia en ámbitos políticos y sociales. Algunos partidos llevan en su programa la supresión de estas entidades. La respuesta a la cuestión de su necesidad debería ser más matizada. Hay que partir de que las diputaciones son el órgano de gobierno de las entidades locales de ámbito provincial, cuya existencia (con este u otro nombre) y autonomía están garantizadas por la Constitución. Su supresión desde luego requeriría una reforma constitucional, pero ello no sería obstáculo para defenderla si se estimase que se trata de instituciones superfluas. En la actualidad, el papel fundamental de las diputaciones es el apoyo a los municipios, especialmente a los más pequeños, en la prestación de servicios básicos exigidos por la ley. En España hay más de 8.000 municipios, algunos de ellos con muy escasa población. Alguien que me preguntó por esta cuestión, me señaló pronto que en su pueblo, en un remoto lugar de la sierra, cuando nieva o hay cualquier situación de necesidad, los únicos que aparecen por allí son los de la diputación provincial. Sin embargo, algunos argumentan que esas funciones básicas podrían ser asumidas por otros órganos, como las Comunidades Autónomas, mancomunidades de municipios o comarcas.

En realidad, dada la complejidad y variedad del modelo territorial español, parece que las diputaciones provinciales tienen sentido en algunos lugares, pero no del mismo modo en otros. Para empezar, hay siete Comunidades Autónomas uniprovinciales, en las cuales las diputaciones ya han desaparecido, siendo absorbidas sus funciones por la propia Comunidad Autónoma. En los archipiélagos, las entidades insulares han asumido en la práctica las funciones esenciales de las diputaciones. En el resto de las Comunidades Autónomas, siguen existiendo las diputaciones en la actualidad, pero razones históricas y políticas hacen que su implantación y peso específico sea muy diferente. Por ejemplo, en el País Vasco los gobiernos provinciales se corresponden con los llamados “territorios históricos”, cuya importancia política es muy elevada, y bajo el amparo de la disposición adicional primera de la Constitución asumen funciones que obviamente no tiene ninguna otra diputación provincial, como la aprobación de normas con rango de ley y la autonomía tributaria, ya que en el régimen fiscal vasco se reconoce la posibilidad de establecer y recaudar sus propios tributos a cada uno de los tres territorios individualmente considerados. En el otro extremo, en Cataluña las diputaciones, aunque no pueden dejar de existir, han tenido casi siempre un peso inferior porque se ha considerado que la forma histórica de organización territorial era la comarcal. En suma, hay una gran variedad de situaciones, por lo que en mi opinión quizá fuera razonable, en caso de reforma constitucional, suprimir la garantía constitucional de los gobiernos autónomos provinciales, lo que permitiría a unas Comunidades sustituir las diputaciones por otros gobiernos de diferente ámbito territorial, o asumir sus funciones por parte de la propia Comunidad; pero otras podrían perfectamente mantener las diputaciones, cuando se entienda que sus funciones no deben trasladarse a otras entidades porque la estructura provincial es eficaz y goza de implantación y apego. En suma, la función que desempeñan es esencial, pero no necesariamente lo es su asunción por un gobierno provincial.  


(Fuente de la imagen: http://www.lacronica.net/ciudadanos-entregara-al-psoe-la-diputacion-de-toledo-y-aun-no-63317.htm) 

¿Es necesario el Senado?

¿Es necesario el Senado?



Hace algún tiempo, y para un medio de difusión general, me pedían mi opinión sobre la necesidad del Senado y de las diputaciones provinciales. No cabe duda de que en ambos casos se trata de instituciones que son objeto de cierto cuestionamiento social y político, y las propuestas para su supresión se reiteran con alguna frecuencia. Yo creo que la respuesta a esta cuestión no es exactamente la misma en ambos casos. Comenzando por el Senado, intentaré justificar por qué creo que debe existir en un Estado como el español. Históricamente, el bicameralismo ha tenido dos posibles fundamentaciones: bien la existencia de una cámara de base aristocrática para representar a los estamentos nobiliario y eclesial (reminiscencia de los parlamentos medievales que hoy se mantiene casi de forma excepcional en la Cámara de los Lores inglesa); bien, la representación de los territorios, en particular de los territorios dotados de autonomía política. Es claro, por tanto, que en la actualidad el Senado tiene sentido como cámara de representación territorial. Desde esta perspectiva, su presencia es en general necesaria en todos los Estados descentralizados políticamente, para representar a los territorios dotados de autonomía (regiones en un Estado regional, Estados federados en una Federación), frente a la Cámara baja (congreso o asamblea) que representa a la población. Sin embargo, para que cumpla eficazmente sus funciones ha de tener una configuración determinada, tanto en su composición (auténtica representación de los territorios) como en sus funciones (que han de ser al menos codecisorias, o incluso prevalentes, en los temas territoriales, y también codecisorias en cuestiones como la reforma constitucional).

Por ello me parece claro que España necesita un Senado, como Estado políticamente descentralizado. La cuestión es qué tipo de Senado sería conveniente. La Constitución de 1978, aprobada cuando aún no se sabía cuántas y cuales iban a ser las CCAA, ni tampoco si todo el territorio español iba a formar parte de alguna Comunidad, estableció un Senado en el que los entes principalmente representados son las provincias (hay senadores autonómicos, pero son menos), y con funciones básicas de Cámara de segunda lectura en el procedimiento legislativo. El Senado no participa en absoluto en funciones importantes como la investidura del presidente, la responsabilidad política o la convalidación de los proyectos de ley, y en el procedimiento legislativo su veto puede ser fácilmente levantado por el Congreso, y sus enmiendas también han de ser aprobadas o rechazadas por este. La competencia que puede asumir en virtud del artículo 155 sí puede resultar muy trascendente; pero en general no estamos ante un diseño adecuado. Ello no se debe a la torpeza del constituyente, que hizo más o menos lo que razonablemente cabía hacer con los mimbres con los que contaba. En cualquier caso, convendría su reforma para adecuarlo a algunos de los modelos más conocidos en el Derecho Comparado, bien sea el norteamericano (Senadores elegidos por el pueblo de cada estado, en idéntico número), bien el Bundesrat alemán (senadores que representan a los Gobiernos de los Estados miembros), dándole al tiempo un mayor protagonismo en las decisiones vinculadas a la estructura territorial del Estado. Algo que ya puso de relieve hace años el Consejo de Estado. Me parecen fuera de lugar las propuestas de supresión (incluyendo esa absurda propuesta demagógica de que si todos dejásemos de votar al Senado, no habría Senado…) Hace falta el Senado, pero lo que mejor vendría es otro Senado.

(Fuente de a imagen: http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=2014_13_06_PLENO_ABDICACION) 

jueves, 23 de febrero de 2017

A vueltas con la independencia judicial (y II): el TC

A vueltas con la independencia judicial (y II): el TC


            Hablando de independencia judicial en España, es imprescindible hacer un comentario específico del Tribunal Constitucional. Las críticas sobre su presunta politización han sido muy frecuentes, tanto por su forma de elección como por algunas de sus decisiones, en las que los magistrados parecen dividirse en función de la orientación política… de quienes los propusieron. Sobre este punto, en mi opinión lo que ha fallado no ha sido tanto el sistema como su aplicación, y además las críticas generalizadas o absolutas carecen de todo fundamento. Voy a intentar explicar esto con brevedad.  Kelsen diseñó el Tribunal Constitucional austríaco, que ha servido de modelo a casi todos, con una lógica bastante sólida. Si la Constitución significa que la mayoría no lo puede todo en una democracia, tiene que haber un Tribunal que controle los excesos de esa mayoría (esto es, posibles leyes inconstitucionales). Para ello las minorías parlamentarias (es decir, un número determinado de parlamentarios que no alcanza la mayoría, puede instar la acción del Tribunal) han de tener acceso al Tribunal Constitucional. Y como este será una suerte de “legislador negativo”, es lógico que sus miembros tengan un nombramiento parlamentario. La Constitución española de 1978, con algunos matices, acogió este modelo. El origen de los doce magistrados es mayoritariamente parlamentario, aunque también interviene el Gobierno y el consejo del poder judicial. Y para intentar garantizar la independencia, y evitar que el TC se convirtiera en una “tercera cámara”, se van a exigir mayorías cualificadas (tres quintos) entre los nombrados por Congreso y Senado, se va a establecer un mandato de 9 años, mucho más amplio que el de las propias cámaras, y se va a imponer una renovación parcial para tres años, para evitar cambios bruscos y coincidencias insoslayables entre la mayoría parlamentaria y la supuesta “mayoría” en el origen de los magistrados del TC.


            Si esto ha degenerado en parte, ha sido sobre todo porque los partidos no han actuado como debían. La mayoría cualificada perseguía el consenso, pero lo que se ha producido es el reparto de cuotas. Fruto del consenso suelen salir magistrados moderados, más centrados, aceptables por varias fuerzas políticas. Cuando se reparten las cuotas, cada uno tiende a elegir a los más próximos, aunque estén más marcados políticamente. Por eso creo que hay que cambiar el funcionamiento de estas designaciones. A pesar de esto, no es posible afirmar que el Tribunal Constitucional muestre, con alcance general, una actuación politizada. La mayoría de sus decisiones son adoptadas por unanimidad, y aun cuando en casos muy relevantes se ha apreciado una mayor división de los magistrados, a veces desde luego preocupante, no siempre esta se corresponde en bloque con el signo político de quien los propuso en su día. Alguien dijo que el primer deber del magistrado constitucional es ser “desleal” con quien le propuso. Claro que el lenguaje periodístico, hablando de “magistrados conservadores” o “progresistas”, no ayuda mucho. Ni tampoco ayuda el que, según publican algunos medios, ahora algunos, en las “discretas” negociaciones para la renovación parcial, supuestamente para garantizar la independencia del Tribunal Constitucional, quieren “vetar” la elección de algún magistrado como presidente. Al presidente lo eligen los propios magistrados, así que los políticos deben callar y respetar cualquier elección. Resumen de mi opinión sobre la independencia: hay cosas que mejorar, pero es inútil, injusta y destructiva una “enmienda a la totalidad”.

(Fuente de la imagen: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/suspension-tribunal-constitucional-consulta-alternativa-3659361)